Un legislador de la Unión Cívica Radical (UCR) concurrió a la Justicia provincial para tratar de develar el destino final de la ruta de las valijas con fondos millonarios de la Legislatura.

Eudoro Aráoz, ex titular del Colegio de Abogados, planteó una acción de amparo ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo para solicitar que el Poder Legislativo informe la aplicación dada a la partida “ayudas sociales a personas” (conocida como gastos sociales) entre marzo y agosto de 2015. Requirió además que la Cámara “exhiba toda la documentación referida y/o pertinente” a los supuestos subsidios otorgados meses antes de las elecciones provinciales pasadas.

El radical acudió al fuero contencioso debido a que había presentado el 4 de diciembre de 2015 una nota dirigida al presidente de la Legislatura, Osvaldo Jaldo, solicitando esa información. Aráoz aclaró que, ante la falta de respuestas del vicegobernador, será necesaria la intervención de la Justicia provincial para poder acceder a esos datos. La demanda recayó en la sala II, que integran los magistrados Carlos Giovanniello y Rodoflo Novillo.

Mediante fotos, copias de registros bancarios y otros documentos, LA GACETA reveló en una serie de notas iniciada el 1 de noviembre cómo era el manejo del efectivo de la Legislatura destinado a las ayudas sociales a personas. ¿Cómo era la operatoria? Un empleado de Tesorería de la Cámara -área que dependía del actual secretario, Claudio Antonio Pérez- se presentaba con una o más valijas en la sucursal de calle San Martín al 700 del Banco Tucumán-Grupo Macro. En cada una cabían hasta $ 6 millones en billetes de $ 100. El dinero era trasladado en una camioneta oficial hasta el espejado edificio legislativo. El destino que tuvieron esos supuestos subsidios es un misterio, ya que las rendiciones difundidas por el Tribunal de Cuentas exhiben montos globales, que incluyen sueldos, erogaciones por funcionamiento y las ayudas sociales, entre otras partidas.

Montos millonarios
La Legislatura se fijó un presupuesto inicial de $ 959 millones para 2015 (último año del actual gobernador, Juan Manzur, como presidente del cuerpo colegiado). En septiembre, sin darle difusión a la medida, la Cámara amplió su capacidad de gastos hasta $ 1.529 millones. Y triplicó el monto para ayudas sociales a personas, que pasó de $ 156 millones a $ 505,6 millones. Las autoridades parlamentarias mantienen en estricta reserva el informe de ejecución presupuestaria. LA GACETA accedió a una planilla que abarcaba el período enero-septiembre. Para entonces, quedaban $ 15,6 millones; es decir, el 3% de los fondos anuales destinados a supuestos subsidios.

La Legislatura tiene una cuenta especialmente destinada a esas erogaciones en el Banco Tucumán-Grupo Macro, que lleva el N° 200 98043/8 y la denominación “gastos y funcionamiento”. Según registros a los que accedió este diario, en junio fueron retirados por ventanilla y en valijas $ 47,8 millones. En julio fueron cobrados cheques por $ 53 millones. En agosto, mes de las PASO y de los comicios provinciales, el monto trepó a $ 91,7 millones.

“Urgente y pronto”
El legislador Aráoz, representado por el abogado Gonzalo Peñalba Pinto, presentó ante el fuero contencioso una acción de amparo para solicitar que la Legislatura especifique los gastos en subsidios otorgados entre marzo y agosto. “El amparo es la vía idónea para garantizar el urgente y pronto acceso a la información pública que se me ha negado conocer”, redactó el radical. Indicó que se trata de datos “relativos a actos y gastos públicos, cuya publicidad es esencial para la existencia de un régimen republicano y para el control de dichos actos”. Mencionó luego fallos de la Corte de la Nación a modo de jurisprudencia, y los complementó con pactos internacionales con rango constitucional referidos a la información pública. “El interés y la legitimación que detento resulta indiscutible atendiendo a mi condición de legislador y a mi deber institucional de controlar los actos de gobierno”, añadió Aráoz.

El radical consideró “imprescindible” la difusión del destino de las ayudas sociales a personas que otorgó la Cámara el año pasado, antes de su desembarco al cuerpo colegiado. Destacó luego que la Legislatura exhibió “una irrazonable demora en dar curso y responder mi pedido de información”. “Millonarias sumas han sido extraídas en valijas, generándose un escándalo público que ha conmovido a la sociedad y ha generado un oscuro manto de dudas sobre el funcionamiento de las instituciones”, argumentó el radical en la demanda.